El gobierno provincial ha ejecutado un plan acelerado para la destrucción de la salud pública, que incluye despidos de profesionales, maltratos, hostigamiento y falta de insumos. Un epicentro de este verdadero despropósito del poggismo, que en pocos meses ha derrumbado un esfuerzo de décadas, es lo que sucede en el Hospital Central “Ramón Carrillo”. Señalaron que el último capítulo de esta colección de medidas abusivas es la persecución que sufren los enfermeros y el despido sin causa de trece profesionales que estaban debidamente preparados para ejercer su función.
“Han habido despidos masivos y hay mucho temor, nadie nos ha dado respuestas, tampoco el gremio ATSA e incluso lejos de eso, nos han dicho que cobremos la liquidación y que ahí quede el tema. La argumentación para estas trece desvinculaciones que hubo en el último mes fue que se trataba de una reestructuración y que se necesitaba gente nueva. La realidad es que sacan a gente en blanco y con experiencia y ponen monotributistas”, señaló una enfermera del Hospital Central que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
Señaló que las situaciones de maltrato tienen como responsables a las encargadas del área de Enfermería, quienes les refriegan a los empleados que son allegadas a la ministra de Salud y que hablan y actúan en su nombre. “A una chica la hicieron trabajar tres días luego de emitido el telegrama de despido; a otros les han emitido el telegrama estando de licencia”, afirmó.
Aseguró que las autoridades les recuerdan de manera constante a los enfermeros que el “Carrillo” en realidad es un centro privado, y que se utiliza esta concepción para buscar situaciones y excusas que faciliten la desvinculación de los empleados. “Hacen y deshacen. Por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo estipula quince minutos para llegar tarde, pero si se llega solo cinco minutos tarde se suman las tardanzas, y a las tres tardanzas tenés una inasistencia, lo que ya representa una causal de despido”, explicó
La fuente subrayó que otro ejemplo de esta política abusiva de achicamiento de personal se da cuando algún empleado no puede ir a trabajar al Hospital Central porque se ha enfermado. “Muchos enfermeros del Carrillo son del interior y viajan en el día a sus puestos de trabajo. En caso de tener que presentar un certificado médico, tienen que venir de sus domicilios a hacerse atender únicamente en el Carrillo, porque en caso contrario no les aceptan el certificado”, señaló, y dijo que si el profesional no puede cumplir con esta disposición tan arbitraria, se usa el argumento del ausentismo para justificar la desvinculación.
Como si se tratara de una auténtica pesadilla, la persecución se extiende aún luego de producirse los despidos. “Los enfermeros que han ido a buscar otro trabajo buscan presentar su currículum con referencias, ahí se enteran que lo tienen manchado con malas valoraciones. Entonces no los toman”, señaló la trabajadora, y recordó que las últimas desvinculaciones fueron sin motivo, por lo que resulta aún grave que se ensucie la foja de servicios.
Esta dinámica sobrecarga a los empleados que aún siguen en el “Carrillo” y genera una creciente precarización laboral. “Toda esta situación implica que nos recargamos con unos quince pacientes por cada enfermero. Además, han llenado el hospital de parientes. Están sacando licenciados y enfermeros con título por auxiliares de enfermería. La ley estipula que los auxiliares de enfermería no pueden estar en un área crítica. Un infarto, una reanimación, un código rojo no lo sabe trabajar un auxiliar de enfermería, simplemente porque no tiene los conocimientos y la preparación”, afirmó.
Advierten que uno de los puntos más graves es que esta denigración y precarización del recurso humano se traduce en un incremento del riesgo para los pacientes. “Estamos teniendo índices de mortalidad altísimos por esta falta de capacitación. Además, nos dicen que enfermeros de la guardia han tenido COVID-19 y de todas maneras han seguido trabajando”, afirmó.
Otro escándalo sacude al Carrillo
Los escándalos vinculados al Hospital Central son múltiples. La mayoría están vinculados al funcionamiento y al maltrato que se les da a los profesionales, aunque también se producen en las cuestiones contractuales.
La seccional puntana de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) realizó una presentación en Relaciones Laborales hace pocos días para denunciar a una empresa por “fraude laboral y competencia desleal”. Aseguran que la firma, Águila SRL, se presentó a una licitación del “Ramón Carrillo” con una cotización muy por debajo de lo que determinan los convenios del sector.
El gremio asegura que con esta acción buscan evitar la precarización de los empleados.
“El hospital es una sociedad del Estado y tiene independencia en la contratación de las empresas privadas que tiene dentro. Llamaron a licitación para cubrir el servicio de seguridad. Se presentaron dos empresas, una que es la que actualmente se desempeña en el establecimiento (Star SA) y la otra es una firma de la que detectamos que realiza competencia desleal y fraude laboral; ya lo habíamos denunciado previamente porque desde la Cámara Empresaria de Seguridad Privada advirtieron que se perdieron objetivos por los índices de costos”, dijo el delegado regional de Upsra, Isaías Miranda.
Explicó que Águila SRL cotiza 6 mil pesos la hora de trabajo, mientras que la Cámara establece una base de 10 mil pesos, un monto muy por debajo del valor que garantiza el sueldo de un empleado de acuerdo al convenio colectivo de la actividad.
La entidad gremial tenía previsto asentar una nueva denuncia en la que iban a solicitar que se cite a las dos empresas que requirieron el objetivo y al cliente que llamó a licitación, para que se expliquen los valores-horas que cotizaron. Además, adelantaron que dispondrán de una presentación ante la AFIP.
“En el caso de Águila, queremos que explique cómo cubriría los sueldos de los trabajadores en caso de ganar la licitación, sabiendo que es una empresa que no tiene solvencia económica. Es una pyme que recientemente cambió de razón social. Mucha casualidad, entendemos que lo hicieron para estar limpios fiscalmente”, aseguró Miranda.
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