La presentación fue realizada por Alberto Montiel Díaz, jefe del Programa Defensa del Consumidor, en la sede del Juzgado Federal ubicada en calle Belgrano de nuestra ciudad ante el juez Esteban Maqueda. Estiman que son más de 4 mil personas en toda la provincia las que se han visto afectadas por esta situación y quienes pagan cifras exorbitantes que en su mayoría superan los 12 mil pesos mensuales. Lo que se solicita como medida cautelar es retrotraer los valores al 1º de abril de 2018.
Al respecto, Montiel Díaz informó: “Lo que acabamos de presentar es un amparo judicial colectivo por el aumento desmedido de las cuotas de los planes de ahorro de auto. Lo que se solicita al juez es en función de lo que nosotros sostenemos como teoría de la imprevisión cuando aquél que contrató, por ejemplo, una cuota mensual de $2000 y hoy pasó a pagar $13000, cifra que es imposible pagar, y esto pone en riesgo el contrato y el bien adquirido en aquellos casos que los autos hayan sido entregados y también pone en riesgo su economía familiar ya que el consumidor no pudo prever estas circunstancias que, por razones ajenas o de la política económica nacional, han llegado a este extremo”.
En sintonía con lo anterior, el titular del Programa Defensa del Consumidor indicó que “por consiguiente se le pide al juez la morigeración de las cuotas y la certeza del valor de los autos ya que creemos también que están sobrevaluados. Lo que se solicita como medida cautelar es retrotraer el valor de la cuota al 1º de abril del 2018, al igual que el fallo logrado en otra provincia, mientras se esclarezca la situación y se pueda reestructurar el sistema y no afectar las economías familiares, por eso se pide que la cuota sea limitada al menos hasta un 25 % de los ingresos que pueda tener una persona”.
Asimismo, el funcionario explicó que el alcance de la medida es colectivo y abarca a todos los suscriptores o adjudicatarios de autos que tengan domicilio en nuestra provincia.
Consultado acerca de cómo continuará el proceso, Montiel Díaz precisó que “el primer paso es la resolución que deberá dar el juez sobre la medida cautelar que se le está solicitando y con posterioridad seguirá su curso el juicio de amparo ordenando el traslado hacia las nueve empresas automotoras que han sido demandadas”.
Sobre la magnitud del reclamo que dio origen a esta instancia judicial, el funcionario subrayó: “Nosotros hemos recibido aproximadamente unos dos mil reclamos, de los cuales se envió el informe a Buenos Aires a través de la Secretaría de Comercio de la Nación a los fines de ver si podíamos tener una solución de este problema y nunca tuvimos una respuesta. A partir de eso se tomó la decisión de parte del Gobierno de San Luis con toda la defensa y la voluntad del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, para que esto sea llevado a cabo a través de la Justicia y lograr una solución equitativa para un gran número que nosotros estimamos que puede rondar los cuatro mil consumidores o más en toda la provincia”.
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