La mayoría de las provincias no adherirá al Reglamento General para el Uso de Armas de Fuego establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, para los agentes de las fuerzas nacionales.
Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Salta y La Pampa ya se pronunciaron en contra del nuevo protocolo. Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí se sumaran. Y San Luis todavía no se ha expresado al respecto.
El gobernador mendocino Alfredo Cornejo anticipó que firmarán un documento que apoyará a la medida impulsada desde la Nación, al mismo tiempo que remarcó que el protocolo debe acompañarse de “una fuerte capacitación policial para no correr riesgos”.
“Creo que los policías tienen que estar bien formados en el manejo de armas y por eso estamos progresando en ese sentido. Veo saludable que se los proteja un poco porque si no se retraen en hechos de violencia”, dijo el mandatario provincial.
Por su parte el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey especificó que “estaría bueno precisar el tema del peligro inminente de la fuga”. “El resto del protocolo está dentro del marco de la ley vigente en la Argentina, con lo cual no crea nada nuevo”, consideró.
“Nosotros no vamos a cambiar nuestra posición como gobierno en torno al uso de las armas de fuego y nuestra posición es que la policía debe disparar únicamente cuando está en peligro de vida el efectivo policial o un ciudadano”, se diferenció el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
A su vez, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, remarcó: “Tenemos leyes vigentes, la Constitución provincial, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso”.
El gobierno de la CABA había adelantado su adhesión al protocolo para aplicarlo con la Policía de la ciudad. Sin embargo, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad, por lo que no podrá ser aplicable en la Capital Federal.
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