Coordinados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, los diferentes sectores se reunieron en Potrero de los Funes. El alcance de la medida judicial impulsada por el PRO y que traba el avance del Plan de Reactivación, las presentaciones realizadas por el Gobierno provincial al respecto, los créditos para construcción o refacción de viviendas y para inversión para Pymes , el acuerdo con PAMI y la restitución de territorio del Parque Sierra de las Quijadas a la comunidad Huarpe, fueron algunos de los temas abordados.
El fiscal de Estado, Eduardo Allende, explicó ante los sectores reunidos en Potrero de los Funes, que el Gobierno provincial estaba implementando todo un plan de reconstrucción socioeconómica, a partir del discurso planteado por el gobernador el 1° de Abril en la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, y a partir también de los pedidos expresos y los acuerdos que se firmaron como parte del Consejo Económico y Social.
En la misma línea, Allende detalló los alcances de la medida judicial que salió la semana pasada: “Se ha suspendido, hasta el 15 de noviembre (por el plazo hasta que se cumpla la elección), la aplicación de sólo tres políticas, que están referidas a la ayuda a aquellas familias que percibían un sueldo que no llegaba a los $70.000, que es el límite de pobreza, donde el Estado les iba a dar un suplemento para que nadie cobrara menos de esa suma; lo otro suspendido es la ayuda de $20.000 para las familias que están desocupadas con tienen niños a cargo, esto es un tema que nos duele mucho; y por último se ha parado el trámite de los microcréditos, que son créditos destinados a familias, pequeños emprendedores que desean lanzar una actividad, en este último caso se suspendió la firma de los mutuos que se rubrican como garantía del préstamo, los nuevos, todos los que ya estaban hasta el día viernes 22 de octubre a las 15:00, esos continúan, no están afectados”.
Por último, Allende explicó que la Provincia apeló esta medida con el fundamento de que “no existe ningún carácter electoralista ni oportunista, porque fue anunciado hace siete meses atrás, fue acordado en el marco de este amplísimo consenso del Consejo, fue aprobado por una ley que la justicia no citó, que es la Ley 1.060, que implementó y le ordenó al Ejecutivo implementar estas medidas sociales y económicas, esta legislación no ha sido ni siquiera tratada, por ello es uno de los fundamentos más fuertes de nuestra apelación, bueno esperamos que la justicia se expida y tenemos la esperanza que, por la trascendencia que tiene, se resuelva rápidamente. Desde ya están abiertas las puertas de la Fiscalía y de mi despacho ante cualquier consulta que puedan tener los distintos sectores”.
“El cumplimiento de una ley no puede tener influencia electoral. Todas las medidas están en ejecución, salvo estos tres puntos, que pasan para el 15”, sintetizó el primer mandatario y contó que ha estado manteniendo diversos encuentros como parte de las directivas de este Consejo, una de ellas fue con el Banco Nación Argentina.
Las dos líneas para inversión o capital de trabajo fueron explicadas por Pablo Romero, gerente Zonal del Banco Nación Argentina. “Recientemente se firmaron dos acuerdos como parte de las acciones por la reconstrucción de San Luis, una para personas físicas que quieran acceder a lo que es construcción, refacción, ampliación y terminación de viviendas; y el otro crédito para las Pymes tanto unipersonales como personas jurídicas”.
Luego, en otro pasaje, el primer mandatario, “el sector de los jubilados es uno de los más vulnerables y golpeados por la economía argentina desde hace muchos años y en pandemia sobre los que mayor cuidado había que tener. Ya hablamos el colapso que tienen las clínicas privadas con respecto a la atención, este sector es más del 20% de la población, entonces es muy difícil para las privadas solucionar este problema que viene de hace mucho tiempo, no culpamos a nadie. Pero sí veamos soluciones, y ahí se firmó el acuerdo con el PAMI”.
El acuerdo que celebró San Luis con el PAMI ya se encuentra activo y vigente, atendiendo a jubilados de 60 localidades en todos los hospitales públicos provinciales. “Nos dieron dos respuestas enormes, primero celeridad en recibirnos, y pudimos llegar a un acuerdo, traducido en una carta intención que conocen todos que dice, que la Provincia puede prestar servicio alternativo a afiliados del PAMI, quieren decir que pueden optar por las clínicas que ya están yendo o atenderse en la provincia. Mientras se toman todos los recaudos, ya el artículo 5° de esta carta intención lo convierte en una norma operativa, ya está acordado, ya es norma firmada entre el Estado provincial y el PAMI”.
Alberto Rodríguez Saá, expuso además que la segunda respuesta que les dieron de inmediato fue nombrar una nueva conducción en el PAMI San Luis, Santiago Saín es el nuevo director, “es un dirigente social con muchísimos antecedentes positivos; y además se han designado siete coordinadores regionales en distintas localidades”, dijo y explicó que seguramente al principio “surgirán problemas, que ya vienen de hace tiempo, pero es un compromiso que se detecten y se construirán todos los hospitales que se necesiten, todas las ambulancias que se necesiten, toda la atención que necesiten. Nosotros no competimos con las clínicas privadas sino que tratamos de coadyuvar esfuerzos para solucionar el problema de la salud pública”.
Finalmente, Luis “Piri” Macagno al frente de la Secretaría de Turismo, narró que venían manteniendo conversaciones con Parques Nacionales, y que “había una citación jurídica trabada en la Corte Suprema de Justicia, por un reclamo histórico de la comunidad Huarpe, y fruto de una buena relación que hemos entablado con organismos nacionales, pudimos llegar a un acuerdo, una carta intención que firmó el gobernador con el ministro de Medio Ambiente de la Nación y con el presidente de Parques Nacionales”.
El Parque Sierra de las Quijadas cuenta con alrededor de 70 mil hectáreas, “lo que se acordó y se llevará adelante a partir de ahora está reflejado en una carta intención que tiene dos patas, la más importante para todos nosotros es la restitución de parte de esas tierras a la Comunidad Huarpe, será un espacio de hasta 3.000 hectáreas, y lo otro que tiene que ver con el turismo en el resto del Parque Nacional se establecerá un esquema de co-manejo, donde trabaja de manera conjunta la comunidad, Parques Nacionales y en este caso también se incorporará la Provincia para poder decidir las políticas que se llevarán adelante, las maneras de conservación y la explotación turística, antes del 31 de diciembre se conformará esta mesa”, manifestó el secretario de Turismo.
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