La directora de Coordinación General de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Eugenia Pérez Cubero, valoró que la resistencia de los vecinos a la obra que pretendía hacer el gobierno anterior “puso en valor altos estándares ambientales, con la Justicia acompañando un reclamo ciudadano y poniendo los principios del derecho ambiental a la vanguardia”.
Luego de la audiencia de conciliación en la causa del Acueducto Vulpiani, queda por definir cómo serán protegidas las 20 hectáreas de la cuenca del río Chorrillo que la empresa SERVIN y el gobierno anterior buscaban convertir en un parque con zona comercial.
“Si queremos conservar este sitio que tiene grandes valores paisajísticos y culturales, que es sin dudas un patrimonio natural y cultural de San Luis, tenemos la necesidad de contar con herramientas jurídicas que lo protejan”, remarcó Eugenia Pérez Cubero, directora de Coordinación General de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Si bien existe un acuerdo para finalizar el conflicto, el diálogo actual subyace en qué cauce se puede resolver. “La Asamblea por el Vulpiani demanda la protección del sitio para convertirlo en una reserva natural, como fue reflejado en la audiencia conciliatoria. El tema en ese caso es cómo avanzar, con qué fondos y qué financiamiento, si realmente se quiere hacer una reserva natural, debe hacerse en serio y estamos en un contexto donde los fondos escasean”, puntualizó la funcionaria.
Además, la empresa SERVIN no dio pistas sobre el adelanto de 500 millones de pesos que recibió para el inicio de la obra, que nunca arrancó. “La empresa tuvo un acercamiento a la secretaría de Ambiente con el programa ‘A toda pila’, sabemos que ha participado de todas las instancias, pero no podemos asegurar que esté predispuesta a devolver los fondos recibidos, porque no hay una postura clara de la empresa en ese sentido”, subrayó.
Una vez conformada una mesa de trabajo en conjunto, la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá un rol preponderante en la búsqueda de consensos y gobernanza participativa en temas ambientales. “Hay que entender la transversalidad de los problemas ambientales, la Secretaría no tiene solo que participar en la Evaluación de Impacto Ambiental, porque hay decisiones tomadas, los terrenos ya están expropiados y muchos permisos ya están otorgados. Lo que necesitamos es participar junto con la ciudadanía en la planificación de las obras para posicionarnos en los programas ambientales actuales”, concluyó.
Acuerdos de Escazú y Acueducto Vulpiani
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y Argentina lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27.566. Como parte de su esencia, el Acuerdo de Escazú pone a las personas en el centro. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos a: el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
También promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países. Todo esto contribuye a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
La causa Vulpiani incorporó elementos del Acuerdo de Escazú, dado que la Asamblea por el Vulpiani fue una auténtica manifestación ciudadana por proteger un lugar emblemático y que integra el acervo cultural y natural de Juana Koslay. La causa Vulpiani es la primera causa, o ‘leading case’, en declarar a los asambleístas como defensores ambientales.
Uno de los grandes desafíos de la cartera ambiental es la incorporación de la dimensión participativa en su plan de gestión. La participación tiene un rol central, para el acceso a la información y que el ciudadano pueda estar al tanto de manera permanente de todos los proyectos que afecten o comprometan el entorno o su comunidad.
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